América Latina logró en el último año avances en la protección de los derechos humanos de grupos vulnerables, como indígenas, afrodescendientes y mujeres, pero persisten graves abusos perpetrados por fuerzas de seguridad en la región, advirtió la organización Amnistía Internacional en su informe anual.

El documento destaca progresos en algunos países sudamericanos en el castigo de militares responsables de torturas durante las dictaduras militares de los años 60 y 70, pero esas mejoras coexisten con un clima de impunidad y falta de acciones para castigar a los abusadores de derechos humanos en algunos países.

Amnistía Internacional (AI) cita entre las víctimas de abusos perpetrados en 2010 a defensores de derechos humanos y periodistas, que han sido objeto de hostigamiento, homicidio y acciones judiciales arbitrarias.

En el caso de los activistas de derechos humanos, el estudio destacó que sufrieron acoso en países como Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela "porque su labor amenazaba los intereses económicos y políticos de quienes ocupaban el poder".

En Colombia y Brasil se crearon mecanismos de protección de los defensores de los derechos humanos, pero en otros se hicieron pocos avances, como en México, donde no se ha aplicado un programa de resguardo creado en 2008, según AI.

La organización manifestó su preocupación por la situación de Venezuela, donde activistas de derechos humanos y críticos del gobierno sufrieron ataques y actos de intimidación.

En el caso de la prensa, casi 400 trabajadores de los medios de comunicación fueron blanco de amenazas o ataques y al menos 13 murieron a manos de agresores no identificados, siendo México el país más peligroso para los periodistas, seguido de Honduras, Colombia y Brasil.

Según AI, los indígenas son uno de los sectores que han logrado organizarse en defensa de sus derechos, aunque persiste el legado histórico de abusos contra las comunidades autóctonas en toda la región.

El documento advierte que la expansión de la frontera agrícola y los grandes proyectos de desarrollo como carreteras, minas y represas hidroeléctricas amenazaron a comunidades indígenas de América Latina.

"En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, los indígenas considerados un obstáculo para los intereses comerciales fueron objeto de amenazas, acoso, desalojos forzosos, desplazamientos y homocidios a medida que el afán de explotación de los recursos se intensificaba en las zonas que habitan", señaló el estudio.

Asimismo, pobladores de barriadas pobres en México, Centroamérica y Brasil se vieron atrapados entre la proliferación de bandas criminales organizadas y las fuerzas de seguridad que cometen abusos en su lucha contra la delincuencia.

"En muchos casos la corrupción endémica de las instituciones del Estado redujo la capacidad de éstas de responder adecuadamente a la delincuencia organizada", alertó AI. "Los gobiernos se mostraron reacios a abordar este problema sistémico y prolongado y recurrieron de forma creciente al ejército para responder a la delincuencia".

Amnistía Internacional elogió los esfuerzos de naciones como Argentina, Uruguay, Perú y Colombia por procesar a militares y agentes de seguridad responsables de atropellos.

No obstante, advirtió que "en muchos casos los avances se vieron seriamente obstaculizados por la falta de colaboración de las instituciones militares.

Tal fue el caso de Bolivia, donde responsables de investigar desapariciones forzadas cometidas entre 1980 y 1981 tuvieron dificultades para acceder a los archivos militares, mientras que en Colombia y México, la justicia militar reclamó jurisdicción sobre los casos de violación de derechos humanos, impidiendo su procesamiento en tribunales civiles.

Igualmente, en Chile la Corte Suprema ratificó la decisión de aplicar la ley de amnistía de 1978 en el caso de la desaparición del diplomático español Carmelo Soria, asesinado en 1976 por fuerzas de seguridad, mientras que la justicia de Brasil determinó que delitos atribuidos a las fuerzas armadas están amparados por una ley de amnistía de 1979.

En este último caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió este año que la ley de amnistía era nula y recordó a las autoridades brasileñas "su obligación de llevar a la justicia a los perpetradores" de abusos cometidos por las fuerzas armadas durante la dictadura de 1964 a 1985.

Entre tanto, en Perú el Congreso revocó un decreto que daba amnistía a violadores de los derechos humanos pero mantuvo otros dos decretos que permitían enjuiciar a responsables de derechos humanos en tribunales militares, no civiles.

Amnistía Internacional también lamentó que en El Salvador el presidente Mauricio Funes instauró una comisión para buscar niños desaparecidos durante el conflicto armado de 1980 a 1992, pero al concluir 2010, el grupo no estaba en funcionamiento y se desconocía el paradero de cientos de menores.