Indígenas del oriente boliviano se declararon en "emergencia" y advirtieron que resistirán la decisión del presidente Evo Morales de construir una carretera en su región incluida entre las mayores reservas naturales del país.

"El presidente Morales ha dicho muchas veces que defiende los derechos de la Madre Tierra y nosotros le pedimos que sea coherente con su discurso", dijo a la AP el presidente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Adolfo Moye.

La Asamblea Legislativa de mayoría oficialista aprobó el viernes pasado un crédito brasileño de 332 millones de dólares para la construcción de una carretera de 306 kilómetros que unirá el Chapare, principal reducto de Morales en el departamento de Cochabamba (centro del país) con la localidad de San Ignacio de Moxos en Beni en el noreste.

La carretera atravesará la reserva que tiene una superficie aproximada de 12.000 kilómetros cuadrados y afectará, según Moye, el territorio de tres etnias: Yuracaré, Chimán y Trinitaria de unos 15.000 habitantes que básicamente viven de la caza, pesca, recolección de frutos y una incipiente agricultura.

"No dejaremos abrir esa carretera, exigimos al gobierno que se respeten los derechos indígenas y estamos listos para defender nuestro territorio", dijo Moye por teléfono desde su aldea en el centro de Bolivia.

"El presidente (Morales) ha dicho que gobernará escuchando al pueblo y exigimos que acate la decisión de las comunidades que el año pasado rechazaron la construcción de una carretera que destruirá el bosque", acotó.

El TIPNIS colinda con la región cocalera del Chapare y en los últimos años ha soportado el avasallamiento de cocaleros que han deforestado el monte para sembrar coca, de amplio consumo legal entre los indígenas pero que también es desviada a la fabricación de cocaína.

Morales saltó a la política desde los sindicatos cocaleros del Chapare resistiendo la erradicación de coca impulsada por Estados Unidos y desde que asumió el gobierno en 2006 reivindicó los derechos indígenas y más recientemente la defensa de la Madre Tierra, criticando severamente a países desarrollados por contaminar el planeta.

Su gobierno reconoció a los indígenas derechos legales sobre sus territorios y lo hizo también en el TIPNIS en año pasado, pero ha dicho que está decidido a construir la carretera para abrir oportunidades a pueblos aislados del oriente.

En los últimos meses impulsa una ambiciosa política para ampliar la frontera agrícola y garantizar la producción de alimentos tras la escasez y alza de precios de principios de años que atizó protestas contra su gobierno.

Hace unos días dijo que el derecho a la consulta que tienen los indígenas no debe derivar en chantajes.

La Liga de Defensa del Medio Ambiente ha respaldado la demanda de los indígenas del TIPNIS y ha demandado al gobierno respetar y hacer respetar la normativa sobre conservación de áreas protegidas.

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), la mayor organización de la región, ha propuesto al gobierno cambiar uno de los trazos más conflictivos de la carretera, pero el gobierno no se ha pronunciado.

En los últimos años la zona ha sido escenario de disputas entre indígenas y cocaleros. Hace 20 días, originarios de la zona expulsaron a cocaleros que habían ingresado a la reserva y quemaron sus chozas, dijo Moye.

Informes oficiales aseguran que 300.000 hectáreas de bosques se deforestan cada año y la situación no ha cambiado con la actual administración.