Amnistía Internacional (AI) criticó el jueves al presidente Porfirio Lobo por no rendir cuentas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de facto de siete meses de Roberto Micheletti (2009-2010).

En ese periodo se realizaron pocas investigaciones sobre las detenciones arbitrarias y malos tratos de la policía y militares contra cientos de manifestantes que protestaron en las calles por el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, en junio de 2009.

De acuerdo al Frente Nacional de Resistencia Popular, que surgió para rechazar la defenestración de Zelaya, más de 132 hondureños murieron a manos de las autoridades y otros 200 se exiliaron en Nicaragua, en las vecinas naciones centroamericanas o Estados Unidos, y todavía no retornan.

Pero el gobierno reconoce que sólo siete personas murieron en vinculación a esos hechos.

Zelaya vive en República Dominicana.

En su informe anual, AI dijo que durante el 2010 el gobierno desplegó en varias ocasiones personal militar a la fértil región del Aguán, sobre el Atlántico, por el estallido violento de disputas por la tierra entre alrededor de 5.000 campesinos y diversas empresas y agricultores dedicados al cultivo de palma africana.

Para los activistas pro derechos humanos locales, 27 personas entre labriegos y guardias privados de seguridad han fallecido en los enfrentamientos armados.

Lobo anunció a mediados de año que dotaría de 10.000 hectáreas de tierras a por lo menos 4.000 campesinos para resolver el conflicto en la zona, pero no lo ha hecho.

En mayo, cuatro jueces Tirza Flores Lanza, Ramón Barrios, Luis Chévez y Guillermo López y el defensor publico Osman Fajardo fueron destituidos por participar en las manifestaciones contra el golpe de Estado de 2009 y aún no son restituidos en sus cargos.

Pero AI indicó que otros funcionarios judiciales asistieron a las manifestaciones a favor del golpe y que la Corte Suprema de Justicia no les aplicó una ley que prohibe a los jueces participar en asuntos partidistas. En este caso, sólo un juez fue separado del puesto por violar la ley.

Entre enero y diciembre de 2010 fueron asesinados diez periodistas en Honduras y la policía ha aclarado sólo dos de esos casos, pero no los ocho restantes.

Lobo ha dicho públicamente que los asesinatos no corresponden a una política estatal y anunció que el Buró de Investigaciones de Estados Unidos ayudaba a investigar los mismos. Sin embargo, aún no hay resultados al respecto.

Al finalizar el año, nadie había respondido ante la justicia por los crímenes y no se había implantado ningún programa efectivo orientado a proteger a periodistas en situación de riesgo.

En octubre, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero expresó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su preocupación por el hecho de que 17 de sus miembros habían sido muertos o recibían amenazas y ataques que rara vez se investigaron exhaustivamente.

Según AI, Lobo ha descuidado investigar además la muerte violenta de al menos 282 mujeres y niñas en el 2010.

Lobo, que ganó las elecciones generales de 2009, asumió en enero de 2010 para una gestión de cuatro años.