Una nueva postura del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, "menos hostil" hacia los activistas de derechos humanos que la de su predecesor, fue saludada por Amnistía Internacional, AI, que a la vez pidió que ese discurso se traduzca en hechos concretos con menos amenazas y esclarecer asesinatos.

La oficina del vicepresidente colombiano Angelino Garzón, encargada de los asuntos de derechos humanos, no respondió de inmediato repetidas llamadas de la AP en busca de un comentario sobre un informe de AI.

"La nueva postura es sumamente importante...pero Amnistía Internacional quiere ver los cambios en el terreno", dijo en la jornada Marcelo Pollack, especialista en Colombia para AI.

En Colombia "ha habido ciertas mejoras, pero la población civil...siguió sufriendo la peor parte" del conflicto y, por ejemplo, al menos 122 indígenas murieron el año pasado como "blanco directo" de las partes en conflicto, agregó Pollack en diálogo telefónico desde Londres, donde AI presentó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.

En 2009 los indígenas muertos en razón del conflicto fueron al menos 111, según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), cuyos datos sobre las víctimas del año pasado alimentaron el informe de AI.

Amnistía también citó que sólo en 2010 se reportaron al menos 280.000 personas desplazadas por la violencia, frente a los 286.000 desplazados del año 2009.

El gobierno además presentó a fines del año pasado un proyecto de ley "sobre reparación a las víctimas y restitución de tierras, que según afirmó beneficiaría a los afectados por abusos contra los derechos humanos", indicó AI en su informe en el capítulo de cinco páginas dedicado a Colombia. "Sin embargo, las crecientes amenazas contra dirigentes de comunidades desplazadas y los homicidios de algunos de ellos y de quienes pedían la devolución de tierras robadas pusieron en peligro estos esfuerzos" por la restitución de lotes, agregó AI.

En el 2010 se reportó el asesinato de al menos ocho de estos líderes que demandaban el retorno de sus tierras, según datos de la no gubernamental colombiana Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). En lo que va de 2011 han sido asesinados seis líderes y personas en situación de desplazamiento, de acuerdo con Codhes.

Al asumir el gobierno en agosto pasado Santos "dijo que daría prioridad a los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad. En marcado contraste con el gobierno anterior (del ex presidente Alvaro Uribe), adoptó una postura menos hostil hacia los defensores y defensoras de los derechos humanos", indicó AI en su reporte.

Pero, explicó Pollack, "son sólo palabras sino se pueden traducir en detener esas amenazas y homicidios".

Iván Cepeda, representante a la Cámara por el izquierdista partido Polo Democrático Alternativo y activista, pareció coincidir. "Lo hemos dicho en muchas oportunidades...hemos saludado declaraciones de intención que ha hecho este gobierno, pero confrontamos diariamente situaciones muy preocupantes", dijo.

"Que de las palabras se pase a los hechos, de las declaraciones de respeto a derechos humanos se pase a concretar políticas que efectivamente garanticen un total respeto y protección derechos humanos", indicó Cepeda en entrevista telefónica.