Trabajadores del sector petrolero iniciaron el jueves una huelga en las refinerías de todo el país en demanda de un aumento salarial del 36%, pero poco después se informó de la suspensión de la medida.

El anuncio del fin del paro, lo hizo Guillermo Vaccaroni, dirigente de la Federación Argentina de Sindicatos de Petróleo, Gas y Biocombustibles, informó la agencia local DyN.

El cese de la medida se tomó después que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada anunció la aplicación de sanciones al sindicato si se resistía a acatar la conciliación obligatoria.

Empero, se desconocen de momento otros pormenores como proseguirán las negociaciones.

La protesta perjudicaba a las plantas de Shell, Esso, Repsol YPF, Panamerican Energy, Petrobras, Chevron, Texaco, Elf y Total, entre otras empresas, dijo a AP el secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Alberto Roberti.

La medida de fuerza impedía que las refinerías reciban el petróleo para elaborar combustibles y obedece al fracaso de las negociaciones salariales entre los sindicalistas y los empresarios fracasaron luego de tres meses de discusiones.

Las compañías "no han hecho una propuesta salarial concreta. Es una provocación clara detrás de la que se esconde una presión al gobierno para aumentar los precios de los combustibles", dijo Roberti.

La semana pasada sindicalistas de la misma federación realizaron un paro de actividades que dificultó por tres días el procesamiento y distribución de gas en todo el país. Finalmente gremialistas y empresarios llegaron a un acuerdo de un aumento salarial del 30%, indicó Roberti.

En tanto, la Cámara de la Industria del Petróleo (CIP) informó a través de un comunicado difundido por medios de prensa que "en el marco de las audiencias mantenidas en el Ministerio de Trabajo" junto al sindicato petrolero se "ha realizado una propuesta muy razonable para arribar a un acuerdo salarial".

La CIP afirmó que puso "todos los medios y predisposición a su alcance para llegar a una solución adecuada para las partes".

El ministro Tomada afirmó al canal C5N que no tiene "ninguna duda" de que existen "motivaciones políticas" detrás del paro e insinuó que la huelga podría estar respaldada por sectores políticos y sindicales opositores.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y subrayó que "es una norma que rige y que va a ser acatada por todos aquellos que abren una situación conflictiva, porque es el espacio necesario para moderar y buscar una solución".

Advirtió que "quienes no acaten (la conciliación obligatoria) van a ser susceptibles de sanciones".

La presidenta Cristina Fernández ha insistido en los últimos días a los sindicatos que moderen sus métodos de protesta. El 23 de octubre se celebrarán elecciones generales y la mandataria tiene posibilidades altas de ser reelegida en el caso de que decida postularse para un nuevo mandato.