Un tribunal de apelaciones resolvió el martes la reducción de la condena impuesta en el 2009 al ex presidente Rafael Angel Calderón de cinco a tres años, con lo que eliminó la posibilidad de que debiera cumplirla en prisión.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia informó sobre el fallo el miércoles en un comunicado. Poco después Calderón manifestó en una breve rueda de prensa afuera de su vivienda que esperaba un fallo distinto pero no guarda rencor a nadie y adelantó que llevará el asunto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Yo quiero decirle al pueblo costarricense que yo esperaba la absolutoria en este caso... ésta no se dio... hemos perdido esta etapa pero ahora empieza otra y yo llevaré esto a la Corte Interamericana porque en este proceso se han violando al menos 10 aspectos fundamentales de la Convención Americana", dijo el ex gobernante.

Indicó que de ahora en adelante se dedicará a preparar el caso para "seguir luchando y al final lograr reivindicar lo que he dicho, que no he cometido delito alguno".

Acompañado de su esposa Gloria Bejarano, actual diputada y miembro del directorio legislativo, Calderón comentó que prepara un libro sobre la experiencia de "estos siete años terribles".

En su decisión, los jueces resolvieron recalificar los hechos atribuidos a Calderón (1990-1994) como un solo delito de peculado y no dos como en la sentencia de octubre del 2009.

"Como consecuencia de lo anterior se impone... la pena mínima de tres años de prisión", apuntó el boletín.

Los magistrados además otorgaron a los involucrados, incluido Calderón, "el beneficio de ejecución condicional de la pena por el término de cinco años, advertidos de que durante ese tiempo no deben cometer nuevo delito doloso donde se les imponga una pena superior a seis meses de prisión, pues ello conllevaría la revocatoria del beneficio aquí acordado".

La sentencia, que es un recurso inapelable, también eliminó la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesaba sobre el ex gobernante, de 62 años de edad.

En un comunicado, la presidenta Laura Chinchilla manifestó que "se está llegando al final de un proceso judicial... así que lo que se impone desde el Poder Ejecutivo es respetar la decisión de los jueces en aras de la observancia en el principio de separación de poderes".

El caso se remonta al 2004 cuando se iniciaron investigaciones por el desvío de cerca de 8,6 millones de dólares de un préstamo de Finlandia por casi 40 millones de dólares para la compra de equipos médicos en la Caja del Seguro Social. Calderón habría recibido dádivas de 520.000 dólares, que luego devolvió a las autoridades.

La sentencia obligó al abogado a renunciar a sus aspiraciones de reelegirse como presidente en las elecciones del 2010, por el Partido Unidad Social Cristiana.

Calderón aseguró que "nunca más" aspiraría a una candidatura presidencial y que continuará retirado de la política.