Los mexicanos pagaron unos 2.750 millones de dólares en sobornos durante 2010, un incremento de un 18,5% respecto a lo erogado tres años antes, según un estudio divulgado el martes.

El reporte hecho por el capítulo mexicano de Transparencia Internacional señaló que en 2010 cada acto de soborno, conocido en el país como "mordida", ascendió en promedio a 165 pesos (unos 14 dólares), cuando en 2007 era de 138 pesos (unos 11,8 dólares al tipo de cambio actual).

Los resultados del estudio "Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010", elaborado por Transparencia Mexicana, refirió que el año pasado los mexicanos destinaron más de 32.000 millones de pesos (unos 2.750 millones de dólares) en sobornos, frente a los 27.000 millones de pesos registrados en 2007 (unos 2.320 millones de dólares).

"No nos gusta que haya subido la corrupción", reconoció en entrevista con la AP Salvador Vega Casillas, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el órgano anticorrupción del gobierno federal.

El reporte analizó el comportamiento de la gente frente a 35 trámites y servicios (los mismos estudiados en 2007), para lo cual se realizaron encuestas en 15.326 hogares de todo el país. El margen de error fue menor a un punto porcentual, según Transparencia Mexicana.

Los trámites analizados incluyen el pago de predial, la solicitud de una beca educativa, conexión de luz a domicilio, ingresar a trabajar al gobierno, obtención de la licencia para conducir, evitar ser infraccionado por un agente de tránsito y la búsqueda de un crédito o préstamos en efectivo para casa, negocio o automóvil.

También considera la presentación de un caso en un juzgado y evitar la detención por parte de un fiscal.

De los 35 trámites y servicios, 21 empeoraron en el nivel de corrupción y 14 lo redujeron, señaló el reporte.

El titular de la SFP señaló, sin embargo, que tras hacer un análisis rápido del reporte encontraron que de los siete trámites federales que se miden todos mostraron una reducción en el nivel de corrupción en un 16% desde 2005 a la fecha.

Reconoció, sin embargo, que aún falta mucho por hacer ante un problema "que se ha tolerado durante mucho tiempo", sobre todo a nivel estatal, donde se observa mayores rezagos.

"Si hacemos un análisis más profundo de cómo están los trámites podemos ver que la corrupción esta claramente alojada en los trámites estatales", dijo.

El reporte señaló que entre los trámites que empeoraron se encuentra la atención en urgencias a una clínica u hospital, el pago de predial y la obtención de constancias en escuelas públicas, los cuales son trámites estatales.

Por el contrario, mejoraron son la recepción de correspondencia y la conexión de la luz, ambos del orden federal.

Vega dijo que además de las autoridades, los ciudadanos deben ser partícipes y evitar dar sobornos.

Refirió que el gobierno federal está empeñado en combatir la corrupción y una muestra es que se han eliminar más de 2.000 trámites que podrían generarla, además de se han incremento el número de denuncias contra funcionarios involucrados en esas prácticas.

Dijo que en el 2010 se presentaron 1.778 denuncias penales contra funcionarios, la cifra más alta hasta ahora. Añadió que en el pasado el promedio anual de denuncias era de apenas 30.

El reporte señaló que los hogares mexicanos destinaron en promedio 14% de su ingreso en "mordidas".

Sin embargo, para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, los sobornos les representaron un 33% de sus ingresos.

En 2010, además, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de algunos servicios, mientras que en 2007 fueron 197 millones.

Al medirse la frecuencia con la que se pagó un soborno para tener acceso a alguno de los 35 servicios o trámites, Transparencia Mexicana encontró que se dio una "mordida" en 10,3 de cada 100 ocasiones. En 2007, fue de 10 por cada 100 ocasiones.

El reporte se presentó dos meses después de que el presidente Felipe Calderón envió al Congreso dos iniciativas legales con las que busca fortalecer la lucha contra la corrupción.

Las iniciativas incluyen una propuesta para recompensar a quienes identifiquen y ayuden a corroborar un acto de corrupción.