La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, insistió hoy en la necesidad de una reforma fiscal para paliar el elevado déficit fiscal, mientras que el presidente del Congreso, el opositor Juan Carlos Mendoza, reiteró que esa iniciativa no cuenta con el apoyo parlamentario para avanzar.

"La reforma tributaria es un imperativo moral con este pueblo (...) si no pasara" y "los diputados no logran decirle al país cómo, alternativamente, vamos a cerrar este hueco (fiscal), el precio mayor lo pagará la próxima Administración", expresó Chinchilla en una entrevista con Radio Monumental.

Costa Rica acumuló en el 2010 un déficit fiscal equivalente al 5,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y las proyecciones oficiales indican que sin la reforma tributaria la cifra del 2011 será similar o aumentará hasta el 5,6 por ciento del PIB.

El Gobierno de Chinchilla presentó en enero pasado al Congreso un proyecto de reforma fiscal que pretende captar nuevos recursos por el orden del 2,5 por ciento del PIB, que es rechazada por los partidos opositores, que el pasado día 2 se alzaron con la directiva parlamentaria tras 45 años de hegemonía oficialista.

En un discurso pronunciado este lunes ante la plenaria legislativa, el diputado Mendoza reiteró la oposición a la reforma tributaria, con el argumento de que "reproduce el pecado histórico de que los pobres paguen como ricos y los ricos como pobres".

"La señora presidenta conoce el abanico de propuestas y buenas voluntades para resolver este problema. Todas las fracciones políticas han emitido sus criterios, y aún hay tiempo para establecer una mesa que integre las propuestas y contribuya a resolver un problema", aseguró el líder del Congreso.

Expresó que es "inaceptable" que la propuesta de reforma fiscal del Gobierno pretenda gravar con impuesto de valor agregado los servicios privados de educación y salud, y criticó la supuesta ausencia de políticas para contener el gasto o para utilizar los recursos con más eficiencia.

Entre otras cosas, la reforma oficialista propone la creación de un impuesto de valor agregado del 14 por ciento, que sustituirá al impuesto de ventas del 13 por ciento, y que gravará algunos servicios que, según el Gobierno, consumen los más adinerados y que estaban exentos, como los de salud y educación privados, arquitectura o ingenierías.

La reforma también incluye cobrar a las empresas un impuesto de renta de un 15 por ciento a las remesas al exterior, a los intereses, los dividendos, las ganancias de capital y los alquileres.

Chinchilla, que inició su periodo de cuatro años el 8 de mayo de 2010, afrontará su segundo año de Gobierno con el directorio legislativo dominado por la alianza de oposición, situación que según ha dicho, manejará con diálogo.