Las aguas de dos prístinos, salvajes y caudalosos ríos de la Patagonia chilena podrían intervenirse para construir varias hidroeléctricas y miles de líneas de alto voltaje en un proyecto que cuesta unos 7.000 millones de dólares si una comisión oficial así lo decide pese a una fuerte oposición que enfrenta.

Los ríos que podrían ser intervenidos son el Baker y el Pascua, que bajan de la cordillera, son alimentados por gigantescos glaciares, atraviesan territorios salvajes, selvas impenetrables, reservas y parques forestales, y extensas áreas con pocos habitantes, para arribar finalmente al océano Pacífico.

La decisión también es clave para el futuro de Chile, un país con una economía floreciente y una vasta riqueza mineral y con 2,5 millones de pobres entre 17 millones de habitantes.

Con una industria energética basada en la minería, que clama por más energía y una población que ha mejorado continuamente sus estándar de vida, analistas consultados dicen que el país debe triplicar su capacidad energética en 15 años pese a que no tiene reservas de petróleo, carbón o de gas.

Chile importa el 97% de sus combustibles fósiles y depende, principalmente, de su energía hidroeléctrica a través de un sistema que entra en crisis cada vez que las sequías afectan las reservas en el centro de Chile.

Coyhaique, 1.800 kilómetros al sur, se convirtió, desde hace meses, en un campo de batalla entre la empresa HidroAysén que proyecta construir cinco centrales hidroeléctricas para generar 2.750 megawatts (MW) al día, vecinos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con financiamiento extranjero, que luchan para preservar la naturaleza única de la zona.

HidroAysén, formada por la multinacional italo-española Endesa y la chilena Colbún, desarrolló un proyecto de 6.400 millones de dólares para construir cinco centrales que traerían la energía a Santiago mediante 1.912 kilómetros de línea de transmisión, 163 de ellos submarinos. De aprobarse, funcionaría a total capacidad dentro de 12 años.

Los pobladores — no obstante — tendrán electricidad un 40% más barata, cientos de empleos (20% de mano de obra regional sería contratada), becas y una infraestructura que incluirá caminos, puertos y aeropuertos, por un valor de 350 millones de dólares, dice Daniel Fernández, Vicepresidente Ejecutivo de HidroAysén.

Pero muchos de los habitantes se oponen al proyecto. Tres docenas de familias de esta zona escasamente poblada se van a tener que reubicar, pero las represas inundarán 5.910 hectáreas y el proyecto obligará la construcción de vías de acceso a través de bosques así como la eliminación de rápidos y cascadas que le dieron a la zona un auge turístico.

También destruiría el habitat del huemul, un diminuto ciervo en vía de extinción, que es símbolo del escudo chileno y vive en 5 millones de hectáreas.

Hydroaysén compensará a las 37 familias, entre propietarios e inquilinos, que verán inundadas sus tierras y realizó estudios para proteger a la fauna, incluido el huemul, y el cóndor.

El alcalde de Tortel, Bernardo López, dijo a la Associated Press que el gobierno debe velar por todos los ciudadanos, "y sobre todo por los más necesitados, pero al parecer aquí importa que vengan transnacionales a invertir en ambientes tan frágiles como son los de la Patagonia".

Robert Kennedy Jr., abogado de la estadounidense Natural Resources Defense Council, dijo a la AP que viaja a la Patagonia chilena todos los años para montar en kayak, y practicar otros deportes acuáticos de alto riesgo.

"Es el lugar más hermoso del planeta", dijo Kennedy en una carta al presidente Sebastián Piñera pidiéndole que rechazara el proyecto.

Los inversionistas han gastado $220 millones de dólares y se han hecho al apoyo de Piñera si respetan la legislación ambiental.

Pero la oposición al mismo llega al 61%, de acuerdo con la última encuesta de la firma Ipsos que preguntó a la gente si quería represas en Aysén.

Otro estudio de opinión, con preguntas abiertas, de la Cooperativa Imaginación y la Universidad Federico Santa María indica que un 56% de los chilenos apoya la hidroelectricidad.

El gobierno dispuso un refuerzo policial en Aysén por temor a manifestaciones de los ambientalistas, que creen que el proyecto será aprobado porque hay ministros de Estado que han destacado la necesidad de que Chile cuente con más energía para su desarrollo.

La campaña de las ONG incluyó el amedrentamiento de los secretarios de gobierno y la gobernadora con la publicación de carteles con sus fotografías gigantes, acompañados de sus números celulares y correos electrónicos, mientras que los parlamentarios de la oposición de centroizquierda amenazan con recursos judiciales para paralizar el proceso.

La decisión que tome Chile ofrecerá lecciones para un mundo que enfrenta un futuro son combustibles fósiles baratos y que cuestiona la seguridad de la energía nuclear.

El país — sin otros recursos — tiene muchos ríos, 4.300 kilómetros de costas, centenares de volcanes y un extenso desierto. La matriz energética nacional descansa principalmente sobre la generación térmica, de carbón y petróleo, que el año pasado representó el 42,3% del total, seguida por la hidráulica, 33,8% y la de ciclo combinado con gas natural, con un 23,5%, y la eólica, con un 0,4%.

Mientras otros países se han preocupado por construir y modernizar sus redes para que innumerables hogares puedan alimentar la red a través de sus propios paneles solares, las cuatro sistemas de Chile ni siquiera están conectados. Se trata de un legado del gobierno de General Augusto Pinochet: para estimular el desarrollo y acabar con la reforma agraria del presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), la dictadura dio a la empresa estatal de energía el usufructo gratis y sin impuestos de toda el agua del país.

Además, eliminó las regulaciones que protegían los derechos de sus competidores.

Las reglas de la era Pinochet subsistieron luego de que Endesa fuera privatizada y vendida. Como resultado, los ríos de Chile son propiedad privada de los extranjeros dueños de esa empresa, que ahora tiene mucha influencia y pocos incentivos para modernizar el sistema energético en maneras que estimule la competencia.

"No tiene ningún sentido económico", dice Kennedy. "La gran demanda de energía viene del norte del país y la industria metálica y en esos lugares hay recursos disponibles. El desierto de Atacama es apropiado para producir energía térmica. La única razón por la que estas represas se van a construir es por la influencia política que tiene Endesa sobre el gobierno de Piñera".

Fernández, de Hidroaysén, dice que la compañía ayudará a Chile a tener la electricidad más barata que pueda tener. Otros expertos chilenos dicen que la energía solar no es competitiva. Recientemente, Chile aprobó la construcción de la planta de carbón más grande de Latinoamérica para brindar energía a una mina en los desiertos del norte. La construcción de otras dos plantas también fueron aprobadas el viernes.

María Isabel González, ex secretaria ejecutiva de la oficial Comisión Nacional de Energía, y consultora de Energética, explicó a AP que "en el caso de la energía solar, que es muy cara para los precios que tenemos en Chile, inyectan menos energía al sistema que la eólica", unas ocho horas diarias, contra el 80% que entregan las hidroeléctricas.

Expertos consultados por la Associated Press coincidieron en que las energías renovables no convencionales sólo pueden llegar a ser un complemento para la energía que el país decidirá utilizar en su crecimiento.

Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago y doctor en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica, señaló a la AP que si HidroAysén es rechazada, "el país tiene que recurrir a centrales termoeléctricas...con el carbón como elemento principal".

Kennedy cree que Chile debe optar por las centrales solares como la que se construye en el desierto de Mojave, Estados Unidos, que, según afirmó, producirá 2,7 Gigawatts en los próximos dos años con una inversión de 3.000 millones de dólares. Más energía y más barata, agregó.

Fernández rebatió las cifras. "Eso es falso porque HidroAysén producirá 18.430 Giga watts a un costo global que podría ser de los 7.000 millones de dólares, por lo tanto HidroAysén es mucho más barato que eso".

Cualquiera sea la votación el lunes, es sólo el comienzo de otra batalla, porque ambas partes pueden apelar ante un Consejo de Ministros y los ambientalistas amenazaron con recursos judiciales.