El estado de Arizona ya usa dinero donado para defender ante los tribunales la polémica ley SB1070 para combatir a los indocumentados y ahora quiere apelar al mismo recurso para agrandar el cerco en la frontera con México.

Los legisladores planean recaudar fondos a través de la internet y usar mano de obra carcelaria. Si recaudan suficiente dinero, lo único que les faltaría sería conseguir la cooperación de los propietarios de tierras de la zona.

Los trabajos podrían comenzar a fin de año si todo les sale bien.

La gobernadora Jan Brewer sancionó recientemente una ley que allana el camino para que el estado comience a recaudar fondos en la internet, según el senador Steve Smith, que auspició el proyecto.

"Vamos a preparar este portal lo más rápidamente posible y a darle mucha publicidad", manifestó Smith, senador republicano del condado de Maricopa, cuyo sheriff Joe Arpaio ganó fama a fuerza de redadas en busca de indocumentados.

Arizona, que tiene una grave crisis presupuestaria, ya está empleando dinero de donaciones para defender ante los tribunales la ley SB1070, que estipula que los extranjeros deben portar documentos de identificación, facilita el que dependencias del gobierno estatal cumplan funciones del servicio de inmigración y fija castigos para quienes ofrezcan refugio, trabajo o transporte a personas sin papeles.

Muchos aspectos de la ley han sido cuestionados en los tribunales, incluso por el gobierno nacional, y el estado está usando fondos donados en su defensa.

La campaña en busca de fondos incluiría certificados que declaran que una persona "contribuyó a construir el cerco de Arizona", según Smith.

La construcción comenzaría "cuando hayamos recaudado una cantidad importante de dinero", probablemente antes de fin de año, indicó el legislador.

"Si hay una respuesta muy positiva y entran millones de dólares, no veo por qué no podemos completar los planes e iniciar la construcción", acotó.

Estados Unidos y México tienen casi 3.200 kilómetros (2.000 millas) de frontera y ya se ha construido un cerco a lo largo de 1.046 kilómetros (650 millas), casi la mitad en Arizona. El estado tiene 606 kilómetros (376 millas) de frontera con México y es el más usado por las personas que ingresan ilegalmente al país.

El portavoz del Departamento de Seguridad Interior Matthew Chandler dijo que las autoridades nacionales se habían abstenido de comentar la legislación de Arizona.

El director de los Centros Carcelarios Estatales Charles Ryan afirmó que no habría problemas en aportar mano de obra carcelaria.

Ya en el pasado se han usado reos de prisiones de baja seguridad para limpiar malezas y recoger desperdicios dejados por los indocumentados en los sectores más usados para el cruce, señaló el funcionario.

También se han usado reos en la remodelación de edificios públicos y la construcción de aceras y de instalaciones en parques.

Se les paga 50 centavos la hora, por lo que "son una fuerza laboral relativamente barata", expresó Ryan. "Si tenemos los fondos, estamos en condiciones de hacerlo".

El fondo de Arizona para asegurar la frontera está siendo empleado en la defensa de la ley SB1070 en los tribunales. La orden que firmó Brewer en el 2010 creando el fondo permite que el dinero sea usado en cualquier iniciativa que tenga por fin mejorar la vigilancia de la frontera. Un juez federal bloqueó la implementación de aspectos importantes de la ley SB1070, pero Brewer ha dicho que acudirá a la Corte Suprema si es necesario.

Hasta comienzos de mayo, el fondo había recibido casi 44.000 donaciones por valor de 3,7 millones de dólares. El dinero llega a través de la internet o del correo desde mayo del 2010. Ya se ha gastado aproximadamente la mitad de esa suma y el portavoz de Brewer Matthew Benson indicó que el resto probablemente sea empleado en la defensa de la SB1070.

Ni Smith ni los demás impulsores del proyecto de agrandar el muro ha ofrecido estimados de costos y se limitan a decir que el estado podrá hacerlo gastando mucho menos que el gobierno nacional.

De todos modos, el estado podría terminar pagando decenas de millones de dólares.

Un informe del 2009 de la contraloría general del Congreso (Government Accountability Office) indicó que el costo de un cerco para ahuyentar a los indocumentados era de entre 400.000 y 15,1 millones de dólares por milla (1,6 kilómetros), y que el costo de las barreras para vehículos ascendía a entre 200.000 y 1,8 millones. Los costos varían dependiendo de la geografía, el valor de la tierra y la mano de obra, señaló el informe.

Brewer firmó la ley del cerco el 28 de abril. Entrará en vigor el 20 de julio, lo mismo que la mayoría de las leyes estatales.

El proyecto se demoró tan solo dos meses y medio en llegar a su escritorio, tras ser aprobado en forma expeditiva con el apoyo de la mayoría republicana.

En los debates, los republicanos dijeron que el estado tenía la obligación moral y legal de tomar medidas porque el gobierno nacional no está haciendo lo suficiente para resguardar las fronteras.

"Mis electores quieren que esto se resuelva de una vez por todas y nosotros vamos a resolverlo", sostuvo el senador republicano Al Melvin ante una comisión legislativa. "La gente no tiene que morir en el desierto".

Los demócratas cuestionaron le viabilidad del proyecto y dijeron que su objetivo esa distraer la atención de la gente, evitando que se enfoque en una reforma integral a las leyes de inmigración.

"Si lo que queremos es aprobar una legislación simbólica, que no resuelva realmente los problemas de la seguridad fronteriza, entonces la ley SB1406 cumple ese objetivo. Pero la gente no se beneficia de legislaciones simbólicas", afirmó la representante demócrata Catherine Miranda durante la votación del 18 de abril.

Según la ley, el cerco podría ser construido en coordinación con otros estados fronterizos o por cuenta propia de Arizona.

Smith dijo que una comisión analizará dónde construir más cercos y qué tipo de cerco es necesario.

Una posibilidad es construir dos y tres barreras en un mismo sitio, como ya se ha hecho en el condado de Yuma, el sudoeste de Arizona, porque parece que funcionan bien, manifestó.

Los cercos requieren la aprobación de los propietarios de las tierras. Smith dice que no cree que eso sea un problema ya que muchos hacendados se han quejado de los problemas creados por la presencia de indocumentados, incluidos asaltos.

Un portavoz de la Asociación de Ganaderos de Arizona dijo que los hacendados probablemente cooperen, del mismo modo que lo han hecho cuando el gobierno nacional les pidió que instalasen pistas de aterrizaje para helicópteros, puestos con agua y equipo de comunicaciones para asistir a los agentes que patrullan la frontera.

La asociación, no obstante, no fijó una posición en torno al cerco, según su director ejecutivo Patrick Bray.

"Nos complace el esfuerzo que se hizo con esta legislación. Sin embargo, el origen de los fondos es un tema importante. Es una solución vacía porque no sabemos de dónde va a salir el dinero".

Bray indicó: "Quiero enfocarme en el tema de la seguridad fronteriza en general. Estamos buscando propuestas de seguridad más integrales en lugar de cosas sueltas".