El megaproyecto Hidroaysén, que contempla la construcción de cinco represas en la Patagonia chilena, afronta mañana una votación clave tras tres años de tramitación de esta polémica iniciativa, a la que se oponen los grupos ecologistas.

La Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la región de Aysén, a unos 1.800 kilómetros al sur de Santiago, se reunirá este lunes para aprobar o rechazar el estudio de impacto ambiental (EIA) de Hidroaysén, impulsado por Endesa Chile y por la chilena Colbún.

Este proyecto, ideado en 2006, supone la construcción de cinco represas en el cauce de los ríos Pascua y Baker, en la Patagonia chilena, con una inversión de 3.200 millones de dólares, para generar en total una media anual de 18.430 gigavatios por hora.

El Gobierno no ha expresado abiertamente su apoyo a este proyecto, pero sí ha defendido que el país debe duplicar su matriz energética en los próximos 10 años para alimentar un crecimiento del 6 % que le permita salir del subdesarrollo.

"Si no hay energía hidroeléctrica, entonces lo que va a haber serán más centrales a carbón", advirtió el presidente Sebastián Piñera en una entrevista que publica hoy el diario La Tercera.

Ante la oposición ciudadana, Piñera canceló en 2010 la central térmica de Barrancones, que se iba a construir cerca de un santuario de la naturaleza.

Piñera recalcó que "si se aprueba Hidroaysén, es porque cumple cien por cien con toda la legislación medioambiental chilena".

Según el mandatario, "el proyecto que ingresó y el proyecto que eventualmente puede ser aprobado son totalmente distintos, porque decenas de agencias han planteado cientos de observaciones para mitigar los efectos dañinos y proteger mejor la naturaleza".

Tras la presentación en agosto de 2008 del estudio ambiental del proyecto, los 32 organismos públicos con competencia ambiental emitieron 2.643 observaciones, pero con la presentación de otras dos adendas estas se redujeron a unas 200.

La CEA deberá decidir mañana si presenta una cuarta adenda con nuevas observaciones o si, tal como se espera, somete a votación este proyecto.

Con esta decisión debe redactar una resolución de calificación ambiental y notificarla tanto al titular del proyecto como a los organismos involucrados, que tienen un plazo de 30 días para reclamar ante un comité formado por los ministros de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.

Si finalmente obtiene la aprobación, el consorcio tendría que realizar otros trámites administrativos, como obtener los derechos de agua.

Hasta el momento, la mayoría de los chilenos no mira con buenos ojos este proyecto. Según la última encuesta Ipsos, conocida a principios de abril, un 61,1 % de los ciudadanos rechaza el proyecto, frente a un 29,1 % que lo apoya.

También agrupaciones ecologistas como Greenpeace se oponen al considerar que la Patagonia es "uno de los principales patrimonios naturales de la humanidad" y que ese proyecto "sólo beneficia a grandes compañías altamente rentables a costa de la ciudadanía".

En las últimas semanas, grupos ambientalistas de la región de Aysén colgaron en las calles carteles con las fotografías de los doce funcionarios, todos ellos dependientes del Ejecutivo central, que integrarán esa comisión.

Entre ellas se encuentran la intendenta (gobernadora), Pilar Cuevas, diez secretarios regionales ministeriales y el director suplente del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Bolívar Ruiz.

Cuatro de los secretarios, los de Vivienda, Minería, Economía y Medio Ambiente, se abstendrán de participar en la votación, ante las acusaciones de "conflicto de interés" hechas por los grupos ecologistas, y serán sustituidos por sus subalternos.

En tanto, Bolívar Ruiz fue designado a fines de abril para ocupar ese cargo tras la inesperada renuncia voluntaria del anterior titular del SEA, Eduardo Lagos Reyes, que adujo motivos personales para dejar el puesto.

Ante la expectación que se vive en Coyhaique, capital regional de Aysén, la Policía ha desplegado un operativo para proteger tanto la sede de la Intendencia como las viviendas de cada uno de los doce funcionarios involucrados, según informan hoy medios locales.

En tanto, los parlamentarios por la zona, tanto oficialistas como opositores, se dividen entre quienes creen que este proyecto abaratará el coste de la luz y creará empleos, y quienes advierten que afectará al turismo en una zona de gran riqueza natural.