La Fiscalía colombiana llegó en Semana Santa hasta el sitio donde paramilitares cremaban los cadáveres de sus víctimas y determinó que allí fueron desaparecidos los cuerpos de entre 100 y 150 personas, dijo un fiscal el domingo.

Desde el 2010, algunos desmovilizados de esos grupos revelaron a las autoridades el uso de hornos artesanales para quemar cuerpos que estaban en fosas, pero ahora investigadores visitaron la zona con el fin de recabar mayores datos.

"Nosotros no vamos a encontrar restos (de las víctimas) porque ellos (los paramilitares) usaban un método con agua para hacer desaparecer las cenizas", dijo el domingo el fiscal Leonardo Cabana a la AP en diálogo telefónico.

Cabana, fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, encabezó la comisión judicial que viajó a fines de abril junto a tres desmovilizados en busca de los hornos de cremación.

El informe de la visita, obtenido por la AP el miércoles, reseña que los investigadores fueron guiados por tres hombres que "administraron" los incineradores: Jorge Iván Laverde, alias "El Iguano"; Armando Rafael Mejía, alias "Hernán", y Luis Antonio Rey, alias "Beto", quienes están detenidos en cárceles de Itagüí y Cúcuta, ubicadas a 250 y 400 kilómetros de Bogotá, respectivamente.

"Los cuerpos se enterraban y a los seis meses se sacaban los restos y se incineraban... no los echábamos vivos (a los hornos)", explicó Mejía, según el informe de la fiscalía. Dijo que los asesinados eran desde presuntos ladrones hasta sospechosos de ser guerrilleros.

Y aunque era un avezado jefe paramilitar en esa zona limítrofe del departamento Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, reconoció ante los investigadores que "yo no me ponía a mirar (las incineraciones) porque eso es duro", según el informe.

Los investigadores dijeron que los cadáveres se quemaban en grupos de dos o tres, según fueran llegando desde distintos sitios donde los propios paramilitares exhumaban fosas.

Los jefes narcoparamilitares ordenaron deshacerse de los cuerpos con el fin de "despistar a la justicia" y lucir menos violentos ante los ojos de una sociedad ya saturada por masacres, según Mejía.

Determinar el número de víctimas, sus nombres y devolver restos a los parientes es parte de la labor de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, la dependencia de la Fiscalía General que investiga los crímenes perpetrados por los grupos paramilitares a lo largo de más de una década hasta que parte de sus miembros se desmovilizaron en una negociación con el gobierno en el 2003.

Hasta abril se han encontrado en todo el país 3.245 fosas con 3.983 cuerpos, de los cuales 1.272 han sido identificados con muestras de ADN y entregados a sus familias, según datos de la Fiscalía.

La confesión de delitos y entregar los bienes mal habidos forman parte de las exigencias de la ley para que quienes depusieron las armas obtengan reducciones en sus penas de prisión.

La Fiscalía calcula que en Colombia al menos 41.000 personas fueron desaparecidas con ocasión del conflicto armado, mientras a los paramilitares se les atribuyen hasta 156.000 asesinatos desde 1980 al 2004. Entre esas víctimas podrían estar algunos de los desaparecidos, según ha dicho la Fiscalía.

Dos de los sitios de cremación fueron encontrados en la localidad de Juan Frío, en Norte de Santander, a unos 395 kilómetros al noreste de Bogotá, dijo Cabana. Mejía agregó que los dos hornos, hechos de ladrillo y cemento, se utilizaron entre el 2001 y 2002. Poco antes de desmovilizarse los destruyeron parcialmente, por lo que en la actualidad sólo quedan ruinas llenas de maleza.

Los hornos funcionaban con carbón mineral, porque generaba más fuego que neumáticos, que fue lo que usaron primero.

Los fiscales han dicho que los hornos, antes de ser usados para quemar cadáveres, fueron utilizados para la fabricación de "panela" o azúcar morena en bloques.

La idea de desaparecer los cadáveres fue de Carlos Castaño Gil, el otrora máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que agrupó a los paramilitares, y quien fue asesinado por sus propios hombres en abril del 2004.

"Carlos Castaño... decía que hacer aparecer la víctima era mostrar una versión más (degradada) del conflicto colombiano", ha dicho ante fiscales Salvatore Mancuso, uno de los jefes de las AUC que en mayo del 2008 fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Hacia finales del 2002, Mejía dijo que recibió "una orden de que quedaba totalmente prohibido incinerar gente... que porque eso era contra la Corte (Penal) Internacional".

Impartida la directriz de no incinerar más cadáveres, los paramilitares de Norte de Santander se inventaron otro plan: tirar los cuerpos sin vida a territorio venezolano.

De marzo a abril del 2003 los paramilitares en Norte de Santander "asesinaron casi 60 personas... (Los cadáveres) me los traían de todos lados" de la región, dijo Mejía, según el informe. Los cuerpos de las víctimas eran entonces lanzados en zonas de territorio venezolano cercanas a la frontera.

Voceros del Ministerio Público de Venezuela y del grupo no gubernamental venezolano Servicios Jesuitas de Refugiados, que fue fundado en el 2001 y trabaja principalmente en la frontera, dijeron desconocer del caso cuando la AP los contactó telefónicamente.

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La corresponsal de The Associated Press Fabiola Sánchez contribuyó con esta información desde Caracas.