Igual que su tío abuelo, el revolucionario Pancho Villa, el general retirado del ejército Carlos Bibiano Villa Castillo no se asusta fácilmente.

Incluso antes de asumir como nuevo secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, el militar había recibido un escalofriante mensaje de bienvenida.

"Este es un regalito para ti. Sigues tú Villa. Z", decía un mensaje atribuido al cartel de Los Zetas y dejado a finales de marzo junto a un cuerpo desmembrado en el balneario turístico de Cancún, un día antes de la llegada del general a Quintana Roo, en el este de México.

"Qué a toda madre (que bien) que me están avisando. Si me avisan, pues voy a estar listo", dijo a The Associated Press el general Villa, un experto en telecomunicaciones de 62 años que conoció en carne propia de lo que son capaces carteles como Los Zetas.

En febrero de 2009, un general retirado que trabajaba como asesor en seguridad del alcalde de Cancún, el general Mauro Enrique Tello, fue torturado y asesinado, en un hecho atribuido también a los Zetas.

Impertérrito, Villa asumió el 5 de abril.

El estilo bravucón y una franqueza sin límites son dos de las características de este militar que postula mano dura en la lucha contra el narcotráfico.

Villa, hombre casado, con tres hijos y quien gesticula al hablar, dice que duerme con un fusil y una magnum calibre .44 Aguila del Desierto, mientras con una palma acaricia la otra simulando que es su pistola, a la que llama "mi negrita".

El militar es originario de Francisco I. Madero, una comunidad del estado norteño de Durango, donde trabajaba en la sierra cuidando las cabezas de ganado de su padre, Epifanio Villa, quien le pedía que no divulgara que su abuelo era primo de Pancho Villa, "porque antes ser pariente de Francisco Villa era lo peor".

Se incorporó al ejército a los 16 años. "Aquí la hice", pensó. "Me daban desayuno, comida y cena, y aparte me pagaban... Dije 'esto es vida, no allá en la sierra solo'''.

Tras incorporarse a las filas militares y obtuvo dos licenciaturas (en ingeniería en transmisiones militares y en ingeniería en comunicaciones) y una maestría en comunicaciones satelitales.

El caso del general refleja una tendencia creciente entre las autoridades civiles: la de recurrir a militares para hacerse cargo de las policías locales y estatales.

Un recuento del Instituto para la Seguridad y la Democracia, una asociación civil, señala que en 17 de los 32 estados del país hay militares retirados como titulares de Seguridad Pública.

El diario Reforma reportó recientemente que en 2009 detectó que sólo eran seis estados.

El general Villa habló con la AP poco después de generar revuelo al declarar al diario La Jornada: "Cuando agarro a un Zeta... lo mato. ¿Para qué interrogarlo?".

Aseguró que hizo ese comentario al calor de la furia que tenía porque unos días antes se había librado de una segunda emboscada en poco más de un año y padecido la muerte de un mayor del ejército que lo iba a reemplazar como jefe de seguridad pública de Torreón.

Algunos sectores ven con buenos ojos la presencia de los militares en la lucha contra unos nacotraficantes cada día más despiadados, pero el comentario dio munición a quienes consideran que no son las personas indicadas para librar esa batalla, porque están entrenados para la guerra y para enfrentar enemigos, pero no para realizar tareas de seguridad pública, que ante todo busca prevenir el delito.

"Los militares tienen capacidades para eliminar enemigos, pero no necesariamente para prevenir las situaciones delictivas", dijo a la AP Juan Salgado, experto en seguridad pública e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Oscar Manuel Soto, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, comentó que nadie duda de la capacitación y entrenamiento de los militares en el uso de armas, tácticas, análisis de información e inteligencia.

Sin embargo, consideró que esa capacitación está enfocada "para enfrentar situaciones de guerra, no para afrontar situaciones civiles".

Otro caso que ha atraído la atención es el del teniente coronel retirado Julián Leyzaola, quien entre 2008 y 2010 fue el jefe de policía de la ciudad fronteriza de Tijuana. Su gestión fue elogiada incluso por el presidente Calderón, pero también fue acusado por organismos de derechos humanos de torturar a quienes consideraba malos policías.

Leyzaola es hoy el jefe de la policía de Ciudad Juárez, otra municipalidad fronteriza con Estados Unidos y considerada la más afectada por el narcotráfico. El vocero de Villa dice que tienen un estilo muy distinto al de su colega.

Villa, no obstante, generó también temores de que podría estar cometiendo excesos, tras pasar a retiro en el 2009 luego de 43 años de servicio militar y asumir como jefe de policía de Torreón, una ciudad norteña industrial de casi 640.000 habitantes que era escenario de disputas entre los carteles de Sinaloa y Los Zetas.

Ahí encontró un cuerpo policial de unos 1.100 agentes plagado de irregularidades y corrupción. "Mil eran corruptos", que rentaban camionetas y uniformes a criminales, señaló.

Comentó que en los 15 meses que estuvo en el cargo corrió a 600 policías, al tiempo que buscaba nuevo personal, incluidos militares retirados.

Los nuevos tenían que haber concluido al menos la preparatoria, hecho el servicio militar y contar con licencia para conducir, además de pasar exámenes de orina, médicos, psicométricos, de entorno social y polígrafo.

"Fui poniendo disciplina, mano dura", dice un hombre que no deja de exaltar su formación militar, al punto de llamar al ejército su padre y a la patria su madre.

Indicó que mientras sirvió en Torreón hubo 76 enfrentamientos armados con sicarios. Bajo su gestión de poco más de un año, la comisión de derechos humanos del estado de Coahuila investigó cuatro denuncias de detenciones arbitrarias por parte de la policía. La comisión no reveló los resultados de las investigaciones, pero ninguna involucraba torturas ni abusos serios.

México es un país que ha visto en los últimos cuatro años algunos de los hechos más brutales atribuidos al narcotráfico, incluidas dos masacres presuntamente cometidas por Los Zetas: el asesinato de 72 migrantes en 2010 y de al menos 183 personas en 2011.

Hasta ahora, la ola de violencia se ha cobrado más de 34.600 muertos desde diciembre del 2006, cuando asumió el poder el presidente Felipe Calderón y lanzó una ofensiva sin precedente contra el crimen organizado, con el despliegue de miles de efectivos de las fuerzas armadas.

El gobierno cree que la escasa preparación y sueldo de los policías locales es un caldo de cultivo para la corrupción.

Los poco más de 388.000 policías estatales y municipales representan el 90% de los agentes en México, de los cuales un 70% apenas concluyó la educación primaria y poco más del 60% recibe un sueldo de escasos 4.000 pesos mensuales (unos 342 dólares).

La razón por la que autoridades civiles recurren a militares en tareas de seguridad pública es sencilla, según el general Villa: "Tiene uno la experiencia de trabajar con armas, saber manejar masas... está uno adiestrado, capacitado y adoctrinado para desempeñar esas funciones".

Pero además de ese perfil, para este militar fornido de bigote y cabellos entrecanos hay algo más que cuenta: "lo único que debe tener uno son güevos bien puestos, nada más, y no tener miedo".

El general Villa dice que la policía a menudo se muestra reticente a enfrentar al crimen organizado porque los agentes están asustados.

"Que quede claro: no es que sean renuentes, lo que pasa es que tienen miedo, porque normalmente el policía municipal es de ese municipio y el delincuente lo conoce, sabe dónde vive, qué familia tiene... y luego lo asusta: 'cooperas o voy contra tu familia", dijo.

Apenas asumió como secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo comenzó una evaluación de la policía estatal y se dio cuenta de que había que hacer cambios.

"El 60% está inservible: panzones, con azúcar, pie plano... de todo tienen", contó.

Cuenta con un personal de 1.700 personas, de las cuales 1.166 son agentes operativos y de estos le han dicho que un 60% están "comisionados", es decir, realizan labores fuera de su tarea regular de cuidar las calles del estado.

Ha preguntado qué hacen esos policías comisionados y la respuesta es que algunos están como escoltas. De otros no sabe qué es lo que en realidad hacen.

Además, hay al menos 60 personas contratadas como asesores, algo que no le agrada a alguien que está acostumbrado a encabezar operativos contra el crimen.

"Yo no quiero asesores, yo quiero gente en las calles", dijo el general, que en el tobillo derecho lleva la cicatriz de una esquirla que lo alcanzó en un ataque en su contra en Torreón.

Villa parece estar ansioso de entrar en combate. "Miedo no tengo... Al contrario, cuando he tenido estos altercados allá en Torreón, si viera qué bonito suda uno la adrenalina cuando empiezan los chingadazos (tiros)", comentó.

El militar llegó a Quintana Roo con 44 ex militares que trajo de Torreón y lo cuida una escolta de 13 personas, ex miembros de las fuerzas especiales.

Quintana Roo es un estado que con sus más de 1,3 millones de habitantes supera por más del doble a la población de Torreón.

Resta por verse qué apoyo recibe la política de mano dura de Villa, pero ya hay quienes se muestran complacidos de la presencia de un hombre fuerte.

"Hombres de esta capacidad y decisión son los que se requieren en el país... Nomás déjenlos trabajar", escribió en el sitio de Internet de La Jornada una persona identificada como Pedro Cazares, tras la publicación de la entrevista con el militar.

"No soy un santo. De que he hecho mis cosas, he hecho mis cosas, pero tenga la seguridad que siempre las cosas que he hecho las hago en beneficio de la gente", dijo Villa.