El relevo de un general que comandaba la región militar más importante de Uruguay y la amonestación a otro general de la aviación por declaraciones políticas "fuera de lugar" han causado tensión en el gobierno del presidente José Mujica.

Mujica dispuso el martes el relevo del general Luis Pérez, quien comandaba la región militar que abarca Montevideo y el vecino departamento de Canelones con más de 2.000 efectivos bajo su mando, por discrepancias con el comandante en jefe del ejército, general Jorge Rosales.

Aunque según la información oficial el relevo no estuvo vinculado con la interna militar provocada por la decisión de la coalición oficialista Frente Amplio de anular una ley de amnistía a militares de la dictadura (1973-1985), el propio Mujica ha admitido que esta anulación "tensiona todo y genera un panorama complicado".

La Cámara de Diputados de 99 miembros --de los cuales 50 pertenecen al oficialismo-- se reunirá el 19 de mayo para sancionar la anulación de la ley de amnistía siguiendo el camino del Senado, que el 12 de abril votó la anulación de la norma.

La ley de amnistía fue sancionada en 1986 y en 1989 fue respaldada en un plebiscito con el voto favorable de más de 55% de la población. La norma fue nuevamente apoyada en una consulta popular en 2009.

Constitucionalistas sostienen que anular la ley es anticonstitucional porque la ciudadanía la respaldó en dos oportunidades.

"Estamos pasando por un momento de lógica sensibilidad y entonces la línea del mando debe ser muy firme. El gobierno tiene que buscar recomponer una situación con las fuerzas armadas. Estamos frente al festejo del bicentenario del ejército y al mismo tiempo la bancada (parlamentaria) del gobierno está por cometer una grosera inconstitucionalidad que afecta a esa institución", dijo a periodistas Pablo Mieres, presidente del partido Independiente.

Otro episodio que generó tensión fue la amonestación escrita que recibió de parte del ministro de Defensa Luis Rosadilla al jefe del estado mayor de la Defensa, general del aire José Bonilla.

Bonilla había declarado al diario Ultimas Noticias que la anulación de la ley "no ayuda a esclarecer situaciones y no hace a la búsqueda de la verdad", aludiendo a los desaparecidos durante la represión antisubversiva.

Bonilla, aseguró que el militar "que sabe algo no lo va a decir. Si alguien sabe algo no lo va a decir nunca, porque sabe que, inmediatamente, va a ir a prisión".

En la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Defensa se informó que la amonestación fue a Bonilla por sus declaraciones "fuera de lugar y de contenido político" pero se aseguró que en las filas castrenses "reina tranquilidad".

Sin embargo, el senador Jorge Larrañaga del partido Nacional, principal de la oposición, declaró a la prensa que lo ocurrido "genera una enorme perplejidad. Sabemos del enorme malestar que hay en las fuerzas armadas".