El senador republicano Chuck Grassley reprochó el miércoles la escasa receptividad que ha dado el Procurador General al pedido de investigar si la Oficina para el control de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) vendió armas de alto calibre a traficantes.

Grassley, el principal republicano en el comité judicial, criticó al Departamento de Justicia (DOJ) de querer impedir las investigaciones del Congreso "solo porque los detalles puedan resultar vergonzosos para algunos funcionarios" en el departamento.

Durante una audiencia del comité, Grassley mostró un gráfico para acusar a ATF de permitir la venta de 1.318 armas semiautomáticas a al menos 15 traficantes de armas, aún después de que algunas fueran recuperadas en México.

Agregó que dos de esas armas fueron recuperadas en la escena de una balacera que costó la vida al agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry el 15 de diciembre del 2010.

El procurador general Eric Holder dijo no poder responder porque nunca antes había visto ese gráfico y reiteró que su solicitud al inspector general del DOJ para iniciar una investigación prueba la importancia que ha concedido a las denuncias de Grassley, a quien se comprometió enviarle una respuesta por escrito sin especificar la fecha.

Grassley, quien ha solicitado a DOJ documentos relacionados al operativo de ATF conocido en inglés como "Fast and Furious" (Rápido y Furioso) junto al representante republicano Darrell Issa — presidente del comité de supervisión y reforma gubernamental de la cámara baja — fustigó además al DOJ por haber formulado cargos criminales a los traficantes de armas solamente después de la muerte de Terry, pese a que había operado con ellos durante más de un año.

"La conducta en cuestión de ATF y DOJ es seria. Pudo haber causado la muerte de al menos un agente federal y numerosos otros crímenes en Estados Unidos y México", dijo.

Issa se quejó la víspera de que el DOJ tardó 32 días para presentar la noche del lunes una respuesta que incluyó solamente tres documentos que ya eran de conocimiento público.

Holder sostiene que no enviaron más material al Congreso para no arriesgar varios casos que irán a juicio en junio.

México alega que un gran porcentaje de las armas incautadas a los carteles de las drogas proceden de Estados Unidos, por lo que ha demandado a su vecino hacer mayores esfuerzos para detener el suministro.

El Senado mexicano manifestó su rechazo al operativo para permitir el ingreso ilegal de armas a su país, que algunos legisladores consideraron una violación a la soberanía.

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Luis Alonso Lugo está en twitter como @luisalonsolugo