Un juez de Bogotá condenó a 36 meses de prisión a un abogado acusado de sobornar a un testigo protegido por las autoridades de Estados Unidos, se informó el miércoles.

La sentencia condenatoria contra el abogado Ramón Ballesteros fue leída en la jornada --en un complejo judicial ubicado en el centro de Bogotá-- por el juez penal Néstor Amaya.

El abogado se encuentra detenido en los calabozos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o la policía secreta colombiana.

La defensora de Ballesteros, Luz Helena Granados, comentó telefónicamente no estar de acuerdo por la negativa del juez a conceder la prisión domiciliaria en lugar de la cárcel y anunció que ya apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Ballesteros fue capturado el 15 de febrero y ese mismo día reconoció ante las autoridades que una semana antes, en la ciudad estadounidense de Virginia, le ofreció 100.000 dólares al ex narcoparamilitar David Hernández.

Hernández dijo que el dinero le fue ofrecido para que retirara sus acusaciones que vinculaban a grupos narcoparamilitares a varios ex legisladores, entre ellos Luis Alberto Gil, quien era cliente de Ballesteros.

El caso de Ballesteros causó revuelo porque se produjo en plena audiencia en la sede de la Corte Suprema de Justicia. Apenas empezó a hablar ante los magistrados en el tribunal, vía teleconferencia desde Estados Unidos, el propio Hernández denunció la oferta de dinero hecha por Ballesteros, que se encontraba en el recinto como defensor de Gil.

Pocos minutos después, varios policías irrumpieron en el edificio de la Corte Suprema y, tras esposarlo, se llevaron detenido al abogado.

Hernández es testigo protegido en casos de narcotráfico que llevan las autoridades estadounidenses, según han dicho las autoridades colombianas.

El nombre de Ballesteros alcanzó notoriedad por haber sido el abogado de Yidis Medina, una ex congresista que en 2008 confesó que cuatro años atrás había vendido su voto --a cambios de dádivas-- para apoyar en el Congreso una reforma constitucional que permitió la reelección en 2006 del ahora ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010).

También por haber defendido a Nicolás Castro, un joven universitario que diciembre de 2009 fue detenido por haber amenazado de muerte, a través de Facebook, a Jerónimo Uribe, hijo menor del ex mandatario.