Familiares de desaparecidos acusaron el martes al presidente Juan Manuel Santos de "no honrar su promesa" y lo exhortaron a rectificar recientes comentarios sobre hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas militares en 1985.

La Presidencia no comentó de inmediato los planteado en una carta por las familias de víctimas del Palacio judicial.

Los familiares reaccionaron por comentarios de Santos en los que catalogaba de injusta la condena de 35 años al general retirado del ejército Jesús Arias Cabrales por la desaparición forzada de 11 personas tras la recuperación del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

"Sus recientes declaraciones (de Santos), además de no honrar su promesa (de rescatar la verdad), son un irrespeto hacia las instituciones democráticas", dijeron familiares de desaparecidos en una carta dirigida al despacho de la Presidencia.

Un comando del ya desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) se tomó en 1985 la sede de Justicia exigiendo un juicio político y público al entonces mandatario Belisario Betancur (1982-1986). Los militares retomaron el Palacio en un combate de casi dos días y en el que murieron al menos cien personas y otras 11 resultaron desaparecidas.

Los familiares de las víctimas, en rueda de prensa, exigieron a Santos "retractarse públicamente" sobre sus declaraciones y pidieron "justicia y verdad" en el caso de los desaparecidas.

"Que nos digan dónde están nuestros cuerpos, dónde están nuestros familiares", reclamó Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, trabajador desaparecido en la cafetería del Palacio de Justicia.

Los familiares enfatizaron en la necesidad de que la opinión pública y el Estado sepan que "no están en contra del ejército", sino de los responsables de las desapariciones forzadas.

Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio y uno de los desaparecidos, adujo que ya se conocía la verdad desde el punto de vista de los guerrilleros y que faltaba ahora la de los militares.

Además de familiares de trabajadores de la cafetería desaparecidos, a la denuncia se unieron familiares de la fallecida guerrillera del M-19 Irma Franco, quien integró el comando que asaltó el Palacio.

"Nuestra máxima aspiración...es el verdadero conocimiento de la verdad...así (esa verdad) sea dolorosa para nosotros", explicó Jorge Orlando Franco, hermano de la desaparecida guerrillera.

En días recientes, con la condena al general Arias --la mayor condena a un militar por los sucesos posteriores del Palacio de Justicia--, se desató un debate por las altas penas que reciben los militares, mientras que miembros de grupos guerrilleros que aún actúan en el país y el paramilitarismo tienen posibilidades de acceder a beneficios jurídicos que les reducen sus condenas.

En 1989 el Congreso aprobó una amnistía para los rebeldes del M-19 que entregaron sus armas a inicios de los años 90.

El ex candidato presidencial Gustavo Petro, ex miembro del M-19, propuso una nueva ley que cobije a militares y les otorgue beneficios a cambio de su colaboración con la justicia.

"Lo que yo he propuesto es una ley de justicia transicional que intercambie penas por verdad para los militares que estuvieron incursos en los delitos llamados de lesa humanidad y crímenes de guerra, en los 30 años de guerra sucia en Colombia", indicó Petro en entrevista telefónica.

Los familiares de las víctimas consideran "razonable una rebaja de penas" si los responsables entregan los cuerpos de los desaparecidos y aportan al esclarecimiento de los hechos, pero rechazan cualquier ley de perdón y olvido, dijo.