El ex ministro de Defensa de El Salvador, René Emilio Ponce, que enfrentaba en España una demanda por crímenes contra la humanidad, murió el lunes a los 64 años. Era acusado de ordenar la masacre en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres que trabajaban para los religiosos.

Ponce fue ingresado al hospital el 24 de abril "por padecimientos cardíacos, (y) con diagnóstico reservado". Murió el lunes a las 5.00 horas (1100GMT) en la unidad de cuidados intensivos, informó el ministerio de la Defensa en un comunicado.

El general se desempeñaba como presidente de la junta directiva de la Asociación de Veteranos Militares de El Salvador, indicó la fuente.

Ponce, ex ministro de la Defensa entre 1990 y 1993, tenía el grado de coronel cuando era jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas en noviembre de 1989, momento en que la ex guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), lanzó la más grande ofensiva militar en 12 años de guerra interna.

La ofensiva "Hasta el tope" fue una de las mayores acciones de los guerrilleros contra guarniciones militares en la capital y principales ciudades del país. No hay cifras sobre el número de víctimas en la ofensiva que comenzó el 11 de noviembre y concluyó en los primeros días de diciembre de ese año.

La acción militar puso en jaque a un ejército de más de 32.000 hombres entrenados y financiados por Estados Unidos, que gastó millones de dólares para detener el "avance del comunismo" en El Salvador.

Según la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en su informe "De la locura a la esperanza", Ponce ordenó el 15 de noviembre de 1989 el asesinato del cura español Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Según la Comisión de la Verdad, "existe sustancial prueba de que el entonces coronel René Emilio Ponce, en la noche del día 15 de noviembre de 1989, en presencia de y en confabulación con el general Juan Rafael Bustillo, el entonces coronel Juan Orlando Zepeda, el coronel Inocente Orlando Montano y el coronel Francisco Elena Fuentes, dió al coronel Guillermo Alfredo Benavidez la orden de dar muerte al sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos".

La Audiencia Nacional de España ventila una querella contra 14 militares de El Salvador, entre ellos Ponce, acusados de crímenes contra la humanidad, y también como ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), acusado de encubrir a los militares involucrados en el asesinato de los jesuitas, la empleada y su hija.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón élite Atlacatl, entrenado en Estados Unidos, fueron procesados en El Salvador por el asesianto de los jesuitas, la empleada y su hija, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

El coronel Guillermo Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron encontrados culpables del asesinato, pero resultaron beneficiados dos años después con la ley de amnistía general emitida por Cristiani en 1993, la cual evitó también que otros responsables de violaciones a los derechos humanos fueran llevados a los tribunales.

Un tribunal de justicia de El Salvador rechazó en marzo del 2000 reabrir el caso para descubrir a los autores intelectuales del crimen.

Ponce fue el líder de una promoción de militares conocida como "La Tandona", que ocuparon los más importantes puestos de mando en las Fuerzas Armadas durante los doce años de guerra que concluyeron con la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992.

Ponce y otros militares de "La Tandona" también crearon la Asociación de Veteranos Militares, que se ha convertido en un grupo que públicamente ha rechazado las pretensiones de algunos sectores de que se revierta la Ley de Amnistía de 1993.

Esta asociación de militares retirados se opone a que la justicia salvadoreña colabore con la Audiencia Nacional de España en el proceso por la masacre de los jesuitas.