El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, consideró hoy "injusta" la pena de 35 años de cárcel contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por su responsabilidad en la desaparición de once personas en la retoma del Palacio de Justicia a manos de guerrilleros del M-19 en 1985.

"No deja de dejarle a uno un sabor amargo. Un sistema donde un general que le entregó toda su vida a la defensa de la Patria y al que no se le comprobó ninguna relación directa con los supuestos crímenes que se cometieron en la toma del Palacio de Justicia por parte de la fuerza pública (lo obliga a que ahora) pague esta condena", dijo Santos.

Añadió a periodistas que tiene "muy buen concepto" del alto oficial retirado y confió en que al recurrir al recurso legal de apelación "salga bien librado".

La sentencia fue proferida este viernes por la juez 51 Penal de Bogotá, María Cristina Trejos, contra el oficial que dirigió la recuperación del Palacio de Justicia, acción en la que el Movimiento 19 de Abril (M-19) intentó un "juicio político" contra el entonces presidente del país Belisario Batancur (1982-1986).

"Yo sé que eso es consecuencia de las leyes, pero cuando uno pone todo el sistema sobre la mesa se da cuenta de que aquí hay injusticias, porque no hay relación entre lo uno y lo otro", dijo hoy Santos.

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), por su parte, rechazó igualmente la decisión judicial y dijo que los uniformados están siendo privados de su libertad, mientras los rebeldes disfrutan de su indulto, después de que actuaron a favor del narcotráfico.

"Los unos atacaron la Justicia financiados por el narcotráfico, para producir un desequilibrio institucional, enjuiciar al presidente Betancour y sacar de la Corte unos expedientes de extradición", dijo Uribe en un acto público en Ibagué (centro).

La pena fue impuesta a Arias Cabrales como "autor responsable del punible de desaparición forzada agravada", según la sentencia.

Arias Cabrales, detenido desde octubre de 2008, ejercía como comandante de la XIII Brigada del Ejército Nacional -con sede en Bogotá- por la época de los hechos, entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

La acción rebelde terminó en tragedia con la muerte de más de cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La misma toma terminó también con la desaparición de once personas, trabajadores de la cafetería o visitantes, así como con la de la guerrillera Irma Franco.