El vicepresidente Joe Biden, encargado de la tarea gordiana de hallar soluciones a la violencia con armas de fuego en Estados Unidos, se reúne hoy con representantes de la industria de los videojuegos.

Tras la matanza en una escuela de Connecticut en diciembre pasado, el presidente Barack Obama le encargó a Biden un diálogo con organizaciones de dueños de armas, grupos de víctimas de la violencia, expertos en salud mental y gremios del espectáculo para elaborar recomendaciones específicas antes de fin de enero.

Entre los invitados a la Casa Blanca hoy para el encuentro con Biden se cuenta el presidente de la Asociación de Programas de Esparcimiento, la mayor agrupación de productores de los videojuegos.

Después que un individuo fuertemente armado mató a su madre, fue a una escuela de Newtown y mató a 20 niños y seis adultos y se suicidó, el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, Wayne LaPierre, dijo que la industria del esparcimiento -películas, videos, música, videojuegos- es responsable por su contribución a una "cultura de violencia".

Antes de la reunión de hoy, otras organizaciones de esta industria, como la Asociación Internacional de Desarrolladores de (Video)Juegos y la Asociación de Consumidores de Electrónicos, emitieron cartas públicas dirigidas a Biden.

La primera de esas organizaciones pide al Gobierno que considere "la totalidad de la investigación sobre la violencia en los videojuegos" y que evite para la industria de videojuegos el daño que sufrió la industria de los "comic" debido a las leyes de censura en la década de 1950.

La segunda agrupación señaló que existe una correlación negativa entre el crecimiento de la industria de videojuegos y la disminución del crimen violento en todo el país durante la última década.

Fuentes legislativas indican que es probable que el senador demócrata de Virginia Occidental, Jay Rockefeller, presente nuevamente su proyecto de ley que autoriza a la Comisión Federal de comercio a estudiar las vinculaciones entre los videojuegos violentos y los efectos dañinos sobre los niños.

En la legislatura anterior, el proyecto de ley no obtuvo respaldo suficiente como para que se sometiera a votación, pero Rockefeller considera que tras la matanza en Connecticut podría haber más respaldo político para la iniciativa.