WASHINGTON (America's Voice).- Aunque el proyecto de legalización de jóvenes indocumentados, DREAM Act, volvió a presentarse en ambas cámaras del Congreso, la pelea legislativa en puerta no es directamente esa medida sino un proyecto para nacionalizar y hacer obligatorio el controvertido sistema E-Verify para determinar si los trabajadores tienen sus documentos en regla.

Con una Cámara Baja de mayoría republicana totalmente negada a considerar medidas de legalización de indocumentados, y un Senado con una mayoría demócrata reducida, las posibilidades de avance del DREAM Act por sí solo son difíciles.

Aunque se plantea, por ejemplo, tratar de agregarlo a alguna otra medida legislativa, especialmente en el Senado, ya el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Lamar Smith, republicano de Texas, manifestó que el proyecto de E-Verify que presentará en ese organismo no será vehículo de lo que él llama "amnistías".

Lo que se avecina es un duro debate sobre la funcionalidad de programas como el E-Verify sin resolver la realidad de que hay 11 millones de indocumentados entre nosotros; el papel de los indocumentados en nuestra economía; y cómo medidas que algunos definen como de combate a la inmigración indocumentada pueden afectar a ciudadanos y residentes legales, y a la economía.

El E-Verify, establecido en 1997 como programa piloto y voluntario, coteja los datos de los trabajadores con información de la Administración del Seguro Social (SSA) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Grupos pro inmigrantes y de derechos civiles argumentan, entre otras cosas, que pese a las "mejoras" que el DHS asegura haber implementado para evitar errores clericales que dejen sin empleo a personas autorizadas, la Oficina General de Contraloría (GAO) concluyó que "los errores de E-Verify persisten".

Se calcula que 3.6 millones de trabajadores estadounidenses tendrían que corregir su información en los bancos de datos y que unos 800,000 trabajadores autorizados podrían perder sus empleos por errores en esos bancos de datos.

De hecho, el índice de error de datos es mayor entre ciudadanos naturalizados y residentes legales que entre ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Los ciudadanos naturalizados y los residentes permanentes tienen 32 veces y 10 veces, respectivamente, más probabilidades de figurar como "no" autorizados para trabajar que ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Según datos del propio gobierno, en más 50% de las ocasiones el programa no identifica adecuadamente a los trabajadores indocumentados.

Asimismo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) concluyó que el E-Verify nacional y obligatorio reduciría los ingresos federales en $17,300 millones en un lapso de diez años porque "la verificación obligatoria de elegibilidad de trabajo a través del sistema E-Verify resultaría en un alza en la cifra de trabajadores indocumentados que serían remunerados fuera del sistema tributario".

Y sólo implementar el programa, según el CBO, supondría gastos de $23,000 millones en un periodo de diez años.

Tampoco queda claro qué pasará con las industrias que dependen de mano de obra indocumentada, como la agrícola. El efecto es en cadena pues 3.1 millones de empleos no agrícolas dependen de la industria agrícola.

Con todo, existe la posibilidad real de que alguna versión de E-Verify progrese, especialmente en la Cámara Baja, impulsada por Smith y el presidente del subcomité de Inmigración, Elton Gallegly, republicano de California.

La estrategia republicana es ignorar las fallas y el costo del sistema, y su impacto sobre la economía en general, sobre ciertas industrias en particular, y sobre trabajadores autorizados porque creen que con el E-Verify "liberarán" empleos y de paso orillarán a los indocumentados a autodeportarse. La realidad es que muchos de esos indocumentados permanecerán aquí aún más inmersos en la economía subterránea sujetos a explotación y de paso afectando los salarios del resto.

Empero, al sector empresarial, aunque descontento con la imposición de nuevas regulaciones, se le dificulta del todo no apoyar medidas catalogadas como de "combate" a la inmigración indocumentada.

En su borrador sobre lo que se requiere para enmendar el sistema migratorio, la Casa Blanca señala que un sistema E-Verify obligatorio puede implementarse en etapas, por un periodo de varios años, pero "en combinación" con un plan que permita la regularización de trabajadores indocumentados.

Con las elecciones en puerta es de anticipar que los republicanos quieran convertir este asunto en tema de campaña y es posible que encuentren eco en algunos demócratas electoralmente vulnerables.

Por lo pronto, las medidas de legalización estarán a la sombra del E-Verify.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva y analista de America's Voice

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